Teotihuacan, Méx.- Proveedores de servicios de este municipio denunciaron a este medio el acoso que padecen por parte de la tesorera municipal al exigirles hasta el 10 por ciento del total facturado por la prestación de sus servicios al ayuntamiento.

De acuerdo con los denunciantes que pidieron guardar anonimato por temor a represalias desde el inicio de la administración, en agosto pasado, la tesorera municipal Mariana Hernández Pérez les solicita hasta el 10 por ciento de la cantidad que cobran, por concepto del “diezmo” mismo que ella se atreve a referir como una orden directa del presidente municipal Álvaro Sánchez Mendoza.

Explicaron que como parte de su estrategia para obligarles a dar el “diezmo” inclusive ha llego al grado de mandar a empleados de tesorería para que acompañen a los proveedores al banco y de esta manera no evadan su cooperación.

Esta situación, aseguraron, se repitió constantemente sin poder denunciarla por temor a que no se les fueran detenidas las facturas que tenían ingresadas a la tesorería municipal.

“Cuando acudimos a cobrar nos paso a su oficina, ahí nos indico que por órdenes del presidente municipal teníamos que dejar el diezmo…” para tratar de evitar que esta situación se siguiera gestando buscaron el apoyo del Contralor Municipal José Modesto Cantú Monterrubio el cual solo atino a contestar, “Si ya saben que así es esto para que se quejan”, aseguran los afectados.

Por este motivo los afectados señalaron, “Ante tal escenario queremos utilizar este medio de comunicación para alertar al presidente municipal para que a la brevedad posible corrija y actué de manera categórica contra esta clase de servidores públicos que indignan la función para la que fueron elegidos y que gracias a su conducta nos han orillado a dejar de brindar nuestros servicios al ayuntamiento”.

Es importante recalcar que TODOTEOTIHUACAN.COM cuenta con el respaldo de estas fuentes para que en caso de llegase a requerir la comprobación del dicho, estarían dispuestos a sostenerlo solo de manera legal y ante la autoridad competente para así asegurarse de que no existirán represalias que pongan en riesgo su integridad ni la de sus familias.